La Unión Europea (UE) informó este jueves que firmó un convenio de cooperación con la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar con El Salvador en el "uso regulado y seguro" de los criptoactivos para una "gestión financiera sólida, sostenible y responsable".

El embajador de la Unión Europea, Duccio Bandini, escribió en sus redes sociales que el acuerdo tiene como objetivo "apoyar a El Salvador en el uso regulado y seguro de los criptoactivos" que contemplaría una "Evaluación Sectorial de Riesgo (ESR).

Esta evaluación permitiría reforzar técnicas "frente a los desafíos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo" para promover "un uso seguro de las nuevas tecnologías financieras". En ese sentido, agradeció al gobierno salvadoreño por "la confianza depositada en la Unión Europea" para trabajar por "una economía más transparente y moderna".

Por su parte, la cuenta de la UE dijo que "el crecimiento de los criptoactivos representa tanto oportunidades como desafíos" y aseguró que con este proyecto apoyará para "una gestión financiera sólida, sostenible y responsable de los activos virtuales" con "estándares internacionales".

El acuerdo de cooperación fue firmado en la sede de la FGR, en Santa Elena. / @UEenElSalvador

El convenio fue firmado esta mañana por el embajador Bandini y el fiscal general, Rodolfo Delgado. En el evento también estuvo presenta la titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Evelyn Alas.

Esta semana la Asamblea Legislativa aprobó una nueva "Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva" con la que se redujeron los sujetos obligados, el límite máximo de dinero en efectivo permitido para ingresar sin declaración y la inclusión de proveedores de activos digitales y bitcoin como sujetos obligados.

Se excluye de los sujetos obligados a sociedades o empresas nacionales o extranjeras; se aumentó a $15,000 el monto de dinero en efectivo que se puede ingresar sin declaración a El Salvador y dejó 10 sujetos obligados de aplicar la ley, entre ellos, los proveedores de servicios de activos digitales y de bitcoin.