La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha consolidado como el principal respaldo internacional del presidente Nayib Bukele, apoyando la reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, cuestionadas por organismos internacionales.
El fortalecimiento de la relación entre ambos gobiernos se vio impulsado por un acuerdo migratorio que permitió la deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU., acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Organizaciones como Cristosal han denunciado que ambos Estados “actúan de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos”.
Durante el Gobierno de Joe Biden, la relación entre Washington y Bukele atravesó tensiones, llegando incluso a incluir a funcionarios salvadoreños en listas de “actores corruptos”. En 2022, EE.UU. criticó la decisión de la Sala de lo Constitucional —con magistrados nombrados por la Asamblea oficialista— que habilitó la reelección inmediata de Bukele.
Sin embargo, con la llegada del embajador William Duncan en 2023, las relaciones comenzaron a normalizarse. Bukele reconoció que gracias a Duncan se logró recomponer la comunicación con EE.UU., llegando incluso a condecorarlo a mediados de 2025.
EE.UU. minimiza denuncias de atropellos
El respaldo más reciente se refleja en el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de 2025, que asegura que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas”. Esto contrasta con el informe de 2023, bajo la administración Biden, que sí documentó torturas y malas condiciones en cárceles.
La defensora de derechos humanos Celia Medrano criticó esta postura, señalando que el Gobierno de Trump ignora los atropellos en El Salvador “porque prioriza sus propios intereses geopolíticos”. Recordó además que más de 250 migrantes venezolanos denunciaron malos tratos y agresiones sexuales en cárceles salvadoreñas.
Apoyo a la reelección indefinida de Bukele
El 5 de agosto, el Departamento de Estado respaldó públicamente la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista que permite la reelección indefinida de Bukele, abriendo la puerta a un tercer mandato presidencial.
“La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, señaló un portavoz del Departamento de Estado, descartando comparaciones con “regímenes dictatoriales ilegítimos” de la región.
La oposición salvadoreña y organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han condenado la medida, asegurando que erosiona la democracia salvadoreña y acerca al país a modelos autoritarios como Nicaragua y Venezuela.
