El Equipo Regional de Monitoreo de Derechos Humanos en Centroamérica consideró que el “espacio cívico en El Salvador continúa reduciéndose” con la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE), que ordena el registro de las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero.
El Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) finaliza este jueves un periodo de 90 días para que personas naturales o jurídicas financiadas con fondos del extranjero para sus actividades se registren y sean fiscalizadas por el RAEX. Al registrarse, pueden ser excluidas o no excluidas de pagar el impuesto del 30 % según la autorización del RAEX, del Ministerio de Gobernación.
El movimiento sostuvo en un comunicado que la obligación de registrarse como agente extranjero si reciben fondos internacionales genera “un clima hostil que promueve la persecución de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación independientes y personas defensoras de derechos humanos en ese país”.
La red de organizaciones rechazó el impuesto del 30 % sobre las transacciones y donaciones del exterior a las organizaciones y consideró la nueva ley “una amenaza directa a su funcionamiento”.
“Lejos de promover la transparencia,como argumenta el gobierno de El Salvador, restringen severamente los derechos fundamentales de libertad de asociación, expresión y prensa, garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El Equipo Regional es conformado por diferentes organizaciones no gubernamentales, como Centro CDH de Honduras, Grupo Apoyo Mutuo (GAM), Iglesia Luterana Costarricense, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá.
