El Movimiento de Trabajadores Despedidos y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MTD) pidió este martes que la Asamblea Legislativa use una "metodología clara" en la evaluación de los candidatos a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Las organizaciones aseguran que la planificación y la ejecución de una evaluación clara permitiría "identificar las mejores propuestas de trabajo" y seleccionar "los perfiles más idóneos" para dirigir la institución en el período 2025-2028.

En ese sentido, exigen la aplicación de un "baremo" en el que se evalúe la formación académica, trayectoria en la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, conocimiento sobre derechos humanos, trayectoria profesional, independencia, imparcialidad, moralidad y plan de acción.

"Demandamos que se nombre a la persona más idónea para el cargo de procurador con el fin de recuperar la institucionalidad del Estado de derecho, que se restablezca la independencia de poderes y se ponga fin a las violaciones de derechos humanos". MTD.

Los movimientos piden a la Asamblea Legislativa que aplique reglas claras en el proceso, que dé a conocer el perfil para el cargo de procurador, que solicite a los candidatos los testados certificados y plan de trabajo. Además, que realice con transparencia el proceso y que el nombramiento deje a un "lado los intereses políticos partidarios".

Criticaron también la actual gestión de la procuradora, Raquel Caballero de Guevara, a quien acusan de "mostrar pasividad frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos" del gobierno hacia empleados públicos, defensores de derechos humanos, periodistas, ambientalistas y sindicalistas.

La Asamblea Legislativa inició el 23 de julio el proceso de elección del nuevo titular de la PDDH, ya que la procuradora actual concluye su período el próximo 15 de octubre. La recepción de candidaturas cerró el pasado 15 de agosto.

Según la legislación actual, los candidatos deben ser salvadoreños, mayores de 35 años, pertenecer al Estado seglar, contar con título universitario y trayectoria comprobada en derechos humanos.