La diputada Marcela Villatoro reiteró ayer sus cuestionamientos al trabajo que realiza la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el cual califica de invisible.

"A mi me da tristeza la forma cómo ha actuado la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos que no ha respondido de forma correcta y defender los derechos humanos de los salvadoreños de bien; y que la procuradora, que es la encargada de defender los derechos, no ha hecho absolutamente nada, realmente el trabajo de la PDDH ha sido invisible", criticó Villatoro.

Estas declaraciones se dieron en el contexto de la primera Cumbre Global de los Derechos Humanos, que se realiza en El Salvador entre el 2 y el 4 de septiembre a iniciativa, precisamente, de la procuradora par la Defensa de Derechos Humanos y presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, Raquel Caballero de Guevara.

Personas miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) publicaron en redes sociales que se dirigían en un bus hacia el lugar donde se realiza la cumbre y eran seguidos por una patrulla policial. La diputada dijo "estos hostigamientos no deben continuar".

"El gobierno se ufana constantemente que dice que permite la libertad de expresión, no debería de buscar las forma de coartar a personas que piensan distinto de este gobierno. Son personas que han pasado situaciones de familiares con el régimen de excepción y lo que buscan es que se respeten sus derechos humanos", dijo.

La procuradora busca ser reelegida para el siguiente período como titular de la PDDH, lo que también es cuestionado por Villatoro.

"A mí me hubiera dado pena, con el trabajo tan deficiente que se ha tenido en la procuraduría y querer estar un período más, creo que no es la mejor decisión de su parte", aseveró la diputada.

La PDDH, en su informe de labores, indica que ha emitido 4,190 resoluciones finales del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, contra las instituciones como Policía Nacional Civil, Dirección General de Centros Penales, Ministerio Público (Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República), gobiernos locales, entre otros. El informe no detalla contenido de las resoluciones ni cantidad.