La asociación Cristosal publicó este martes un informe que expone testimonios relacionados a tres casos de supuestos cobros ilegales o extorsiones a familiares de privados de libertad para visitar a sus familiares, que les den atención médica o medicamentos.
La organización no gubernamental sostiene las condiciones carcelarias durante el régimen de excepción propician la corrupción.
El primero de los casos es el arresto de Fidel Antonio Zavala Pérez, arrestado el 9 de febrero acusado de estafa y de poseer una empresa fantasma para captar dinero de inversionistas; él poseía la empresa Capital Investments Corporation, S.A. de C.V.
Zavala estuvo en el penal del cantón Cutumay Camones, Metapán, y La Esperanza o Mariona, en San Salvador, en donde según Zavala habiá un sistema de “donaciones” para que los familiares de los detenidos pudieran ingresar a los centros y visitar a sus familiares privados de libertad.
“En Mariona, los reos de confianza, los de amarillo, corría que cobraban $10 por hacer el escrito de la forma legal que el equipo técnico lo pide para que sea considerado”, indicó.
Luego de la elaboración del manuscrito con la voluntad de ofrecer una donación, el equipo técnico analiza la oferta de donación, la autoriza o deniega, y posteriormente el familiar puede ingresar la donación en una visita de 20 minutos a una hora.
El informe incluye un segundo caso de pago directo de particulares a contactos directos de centros penales para obtener beneficios ilegales y pagos de hasta $5,000 o $7,000 a abogados como supuestos “intermediarios” para obtener beneficios como visitas o una eventual liberación.
Cristosal señala que el estudio “no se orienta a realizar generalizaciones concluyentes” sobre la “ocurrencia sistemática de los casos”, pero advierten “un indicio” de condiciones que propician estos actos, mencionando la precarización de las condiciones de internamiento y el régimen de incomunicación.
Por el contrario, el gobierno sostiene que el régimen de excepción ha logrado disminuir los homicidios en El Salvador. Sostiene que durante la gestión de Nayib Bukele, que gobierna por segundo periodo, se suman 1,000 días sin homicidios y cuentan más de 88,000 capturados "terroristas" o pandilleros. Mientras, las organizaciones suman 6,500 denuncias de violaciones de derechos humanos, torturas y 419 muertes de personas privadas de libertad.
