La relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, informó este viernes que el gobierno de El Salvador no respondió una carta firmada por cuatro relatores de la ONU en la cual manifiestan su preocupación por las posibles capturas arbitrarias de activistas de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc).
“Ya pública: carta al gobierno de #ElSalvador sobre la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos de la @Unidehc. Lamento no haber recibido una respuesta @cancilleriasv”, posteó la relatora especial en X sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor.
En la carta, enviada el 15 de mayo y publicada este 10 de octubre, 60 días después de no haber recibido respuesta, cuatro relatores de la ONU manifiestan su “preocupación por la presunta detención arbitraria del defensor de derechos humanos, el Sr. Zavala, los intentos de criminalizarlo a través de tres causales penales distintas en su contra, además de los cargos y órdenes de detención emitidas contra” Ivania Cruz, vocera de Unidehc, y Rudy Joya, abogado de la organización, allanamientos a la oficina de la Unidechc y el domicilio de Cruz, y también por “la detención arbitraria y cargos” contra 24 líderes comunitarios de La Floresta.
Los relatores de la ONU le pidieron, en esa misiva, al gobierno de El Salvador informar sobre la base fáctica y jurídica del arresto y detención sobre los cargos de asociaciones ilícitas, comercialización ilegal de parcelas o lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión contra Zavala; sobre los cargos de “agrupaciones ilícitas” y “comercialización de lotificaciones” contra Ivania Cruz; y contra los 24 líderes comunitarios, así como las medidas adoptadas para un juicio justo y un proceso imparcial.
Firmaron la carta: Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Matthew Gillett, vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Gina Romero, relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU.
¿Qué dice?
En la carta, se asevera que el 26 de febrero de 2025 se “habría publicado una foto del grupo de los líderes comunitarios en las cuentas oficiales de las redes sociales de la Fiscalía, describiéndolos como una red de estafadores”.
También, relata que, ante un desalojo en la comunidad La Floresta, ubicada en San Juan Opico, La Libertad, la comunidad presentó un aviso penal ante la Fiscalía y solicitó el apoyo de Unidehc.
Registran en su relato la captura de dos líderes de La Floresta que medían el terreno en febrero de 2025 y el posterior aviso interpuesto por Unidech contra los agentes policiales por dichas detenciones. También reportan el acompañamiento de Fidel Zavala, el 25 de febrero de 2025, a una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por dicha detención.
También exponen la detención de “más de 20 líderes comunitarios de La Floresta” incluidas dos mujeres embarazadas, “habrían sido detenidos en un operativo” acusados por amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de profesión y agrupaciones ilícitas.
