En sus argumentos para aprobar la 42a. prórroga del régimen de excepción, el gobierno de El Salvador sostuvo que las autoridades “siguen ejecutando un número considerable de detenciones de integrantes y líderes de estructuras criminales organizadas o terroristas en diversas zonas del país, tanto urbanas como rurales” y que han detectado que cometen delitos y se comunican, incluso con cabecillas y en centros de detención.
En su solicitud dirigida a los secretarios, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Adolfo Muñoz, citó la situación reportada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, e hizo una síntesis.
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“La labor operativa y de inteligencia policial ha detectado que integrantes de estructuras de crimen organizado no solo participan activamente en la ejecución de actos ilícitos, sino que además desarrollan mecanismos sofisticados para mantener una comunicación constante y efectiva con sus líderes, tanto aquellos que permanecen en centros de detención como quienes han recuperado su libertad”, indicó, en la síntesis presentada a los diputados directivos de la Asamblea Legislativa.
“Estas redes de información llevan a cabo coordinación de estrategias y transmisión de instrucciones para asegurar la continuidad operativa de las actividades delictivas en diversos territorios”, afirmó, en su misiva enviada al Legislativo, al comunicar la decisión del Consejo de Ministros de solicitar la prórroga 42 del régimen de excepción.
La nueva prórroga del régimen de excepción, que cumplirá tres años y medio a fines de septiembre, fue aprobada con 57 votos de Nuevas Ideas y sus aliados. Arena se ausentó y Vamos votó en contra.
“Las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 88,000 terroristas, ciertamente es necesario prolongar dicho régimen de excepción”. Adolfo Muñoz, secretario jurídico de Presidencia.
Según el gobierno, por esas razones, existe “la necesidad de mantener las medidas extraordinarias en el trabajo policial que permitan limitar el margen de acción de tales estructuras”.
Drogas, armas y menores
De la misma manera, los integrantes de estructuras criminales organizadas o terroristas cometen delitos como "portación ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas".
Ello ha "generado tensiones internas y disputas por el control territorial y de rutas ilícitas", por lo que asevera que hay una "persistencia" de las actividades delictivas de estos grupos.
A ello le suma el uso de menores de edad en las actividades delictivas: "Continúan siendo utilizados para participar en la reorganización de actividades ilícitas en los territorios donde residen, lo que representa una amenaza actual para la seguridad pública".
El régimen de excepción fue establecido el 27 de marzo de 2022; el gobierno está a punto de contabilizar 1,000 días sin homicidios durante la gestión actual. Organizaciones no gubernamentales denuncian al menos 6,500 violaciones contra derechos humanos durante su aplicación y más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia estatal.
En junio de 2025, el excomisionado de derechos humanos Andrés Guzmán declaró que hacía falta capturar 40,000 pandilleros en El Salvador. "Operando creo que no están, pero no sabemos dónde están y qué están haciendo", afirmó en esa ocasión.
En diciembre de 2024 y en enero de 2025, sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había asegurado que faltaban 8,000 "remanentes" o pandilleros por capturar.
"Es un aproximado de 8,000 miembros que tenemos pendientes de capturar", aseveró en un encuentro con corresponsales de medios extranjeros. Hace nueve meses, el presidente Nayib Bukele aseguró que podría "rebajar" el régimen de excepción. Sin embargo, Bukele pidió votar por Nuevas Ideas en la campaña 2024
