El gobierno de El Salvador durante el último año envió 36 informes a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre casos individuales, medidas cautelares, cumplimiento de sentencias y seguimiento en casos emblemáticos; y otros 45 informes en procedimientos especiales ante las Naciones Unidas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló, en su memoria de labores del período 2024-2025, que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió 36 informes sobre casos como El Mozote, hermanas Serrano Cruz versus El Salvador; además de Contreras y otros versus El Salvador.
La Cancillería informó que su Dirección de Derechos Humanos "ha mantenido una colaboración permanente ante los principales organismos internaciones de derechos humanos".
El gobierno presentó el cuarto informe a la "Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad" y, como parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, presentó 45 informes en procedimientos especiales de las Naciones Unidas.
Entre ellos, estuvieron el Informe Nacional en el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Informe Nacional en la implementación de la Declaración, la Plataforma de Acción de Beijing, y el Informe de seguimiento a las observaciones finales del sexto informe periódico sobre el pacto de derechos económicos, sociales y culturales.
Entrega de indemnizaciones
Relaciones Exteriores también reporta "ha avanzado en el cumplimiento" de las sentencias de la CIDH y que muestra de ello es que ha realizado una jornada de entrega de indemnizaciones a los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.
En este mismo caso, la Cancillería reporta que en diciembre del año pasado colaboró en la entrega de restos óseos a las familias de las víctimas y les entregó aportes económicos para cubrir los gastos fúnebres.
Además, sobre la sentencia del caso Rochac Hernández versus El Salvador, el gobierno inauguró el "Jardín memorial en conmemoración de la niñez desaparecida en el conflicto armado en El Salvador". En este proyecto colaboró el Ministerio de Cultura, Pro-Búsqueda, ONU Mujeres y otras entidades.
