La Asamblea Legislativa ha aprobado en lo que va del año 2025 un total de 10 contratos de garantías crediticias para que el Estado sea el garante de deudas suscritas por sus empresas o instituciones por $1,463.9 millones.
No toda la deuda que se garantizó en 2025 es nueva deuda.
Estas deudas no pasan por votación legislativa, pero las garantías crediticias que les exigen las instituciones financieras sí requieren votos legislativos. Es decir, las votaciones de las garantías soberanas revelan nueva deuda estatal adquiridas por autónomas o empresas públicas.
Los contratos de garantías soberanas aprobadas por la Asamblea desde el 1 de enero de 2025 suman $1,463 millones: $830.9 millones fue deuda suscrita en años anteriores al 2025; y $632.1 millones este año.
La más reciente garantía crediticia aprobada por los diputados sirvió para que el Fondo de Conservación Vial (Fovial) respaldara el aumento de un crédito que originalmente fue suscrito en 2022 por $100 millones, aumentado en 2024 a $250 millones y este año a $400 millones, garantía aprobada con el último aumento el miércoles pasado.
Un economista salvadoreño explicó que las garantías soberanas tienen como fin “garantizar el pago y obtener una tasa más competitiva” pero también se busca que “el Estado responde en última instancia ante un incumplimiento que esa institución no pague su préstamo”.
“Las empresas públicas en principio pueden endeudarse por sus ingresos propios y porque son negocio, realmente ellas tienen rentabilidad, pero por cualquier cosa, se les aprueba una garantía aunque esto no es siempre”, indicó el especialista a El Mundo.
