El gobierno de Estados Unidos habría entregado un total de $4,760,000 al gobierno de El Salvador como parte del acuerdo para encarcelar a unos 300 miembros de la organización terrorista “Tren de Aragua” (TdA), según una correspondencia publicada por la organización Democracy Forward o “Democracia hacia adelante”.
El acuerdo se dio entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador e implicó la reclusión de 238 venezolanos señalados de ser miembros de TdA por el gobierno estadounidense que fueron encarcelados durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión construida por el gobierno de Nayib Bukele en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur.
“El Departamento de Estado no asume responsabilidad por reclamaciones por daños y perjuicio de terceros que surjan de este acuerdo (…) Por favor firme a continuación y retorne esta carta tan pronto como sea posible”, indica la carta, fechada el 22 de marzo.
El retorno con la firma por parte de El Salvador implicaba la aceptación de “los términos y las condiciones de esta carta”.
El pago se realizó a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, según la misiva dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores. La carta tiene oculto nombre y cargo del remitente.
La comunicación detalló que, el 14 de marzo, el gobierno salvadoreño “comunicó su voluntad de aceptar en su casa aproximadamente 300 miembros de TdA removidos por hasta un año o hasta otra decisión” y que los fondos se destinarían a costos de la detención y no para propósitos distintos.
Según la correspondencia publicada, el gobierno salvadoreño debía proveer, dentro de los seis meses siguientes al final de cada año calendario, un reporte de la actividad financiera relacionada con los fondos proveídos por Estados Unidos.
El acuerdo comprometió al gobierno salvadoreño a no usar los fondos para apoyar individuos u organizaciones designados bajo la Orden Ejecutiva 13818 –personas involucradas en graves abusos de derechos humanos o corrupción– ya sea funcionarios o exfuncionarios, o personas cómplices directa o indirectamente de corrupción, apropiación indebida de bienes estatales, sobornos; o para individuos u organizaciones relacionadas al terrorismo, incluyendo designados bajo la Orden Ejecutiva 13224, así como tampoco a narcotraficantes.
También se prohibió usar los fotos para financiar caravanas migratorias hacia Estados Unidos, procesos de asilo, agencias de Naciones Unidas, promoción del aborto o que no cumpla la Orden 14173 contra la discriminación ilegal.
Los más de 200 venezolanos fueron deportados a El Salvador por Estados Unidos entre el 15 y el 16 de marzo de 2022 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La reclusión desató disputas judiciales en las cortes estadounidenses y la presentación de una demanda de habeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.
