La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, cuestionó este martes a sus colegas de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa, tras la aprobación del dictamen favorable del proyecto de Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), sin que —según denunció— se realizara una discusión técnica y detallada de sus 64 artículos.
Durante la sesión de la comisión, la diputada expuso su inconformidad luego de que la comisión recibiera a representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y el Centro Nacional de Registros (CNR), quienes brindaron una breve exposición del proyecto, orientado a atraer a inversionistas con capitales mayores a $250,000.
“Se acaba de leer un dictamen, pero no se han discutido los artículos de la ley. Esta es una mala práctica que se ha vuelto común en esta Comisión: aprobar dictámenes sin un debate real ni técnico”, expresó Ortiz.
La legisladora insistió en que el papel de los diputados debe ir más allá de “leer leyes y aprobarlas sin analizarlas”, y acusó a la mayoría oficialista de bloquear deliberadamente los espacios de discusión necesarios para comprender el alcance y los impactos de la legislación.
“Esto no es representar al pueblo. Es ocultar información al debate público y tomar decisiones bajo un velo que excluye a la ciudadanía”, añadió.
Ortiz también invocó los artículos 41 y 42 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que obligan a garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios y asegurar procesos legislativos transparentes y ordenados.
La respuesta de la diputada Dania González, presidenta de la Comisión, fue escueta. Agradeció los comentarios de Ortiz y dijo que “se toma nota”, antes de proceder a someter el dictamen a votación.
Con mayoría de votos del bloque oficialista, el dictamen favorable fue aprobado y será conocido por el pleno legislativo este miércoles 15 de octubre.
¿Qué es la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF)?
La iniciativa busca atraer inversionistas sofisticados que puedan asumir proyectos de riesgo en sectores como energía, tecnología y bienes raíces.
Establece requisitos mínimos de inversión de $250,000 y una supervisión indirecta por parte del Banco Central de Reserva (BCR) y la SSF, aunque no incluye estos fondos dentro del sistema financiero formal.
