El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, rechazó que el salvadoreño Kilmar Ábrego García esté en peligro de ser torturado como sostiene la defensa luego de que Estados Unidos ordenara su deportación hacia Uganda.
En una comunicación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la defensa del salvadoreño, fechada 5 de septiembre, se detalla que el salvadoreño teme ser torturado en al menos 22 países, una lista encabezada por El Salvador. "Ahora planea deportarlo al pequeño país africano de Eswatini", indicó el corresponsal de Fox News, Bill Melugin. Agregó que ICE no toma en serio la información.
"La historia de la tortura es falsa. Si crees que es real, entonces, eres lo suficientemente tonto para creer que todos estos países también están haciendo fila para torturarlo", reaccionó Nayib Bukele al comentario del corresponsal de Fox News.
El mandatario salvadoreño agregó que Kilmar Ábrego "simplemente no quiere ser deportado".
Kilmar Ábrego García ha sido objeto de una polémica por haber sido deportado inicialmente, junto a venezolanos acusados de ser parte del Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), San Vicente Sur, sin haber tenido una orden judicial o proceso criminal en su contra, aunque el gobierno y Fiscalía de EE.UU. lo acusaron públicamente de ser miembro de la MS-13 y Bukele aseguró que no devolvería a un terrorista a Estados Unidos.
El pasado 25 de agosto, Ábrego García fue capturado por ICE, cuando acudía a una visita a los tribuales de inmigración de Baltimore, Maryland, tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee.
Tras su detención, sus abogados presentaron un nuevo escrito ante un juez federal, quien suspendió un proceso de deportación a Uganda anunciado por la secretaria de Seguridad del país norteamericano, Kristi Noem. La administración de Donald Trump había anunciado que pretendía deportar a Kilmar a Uganda, un país africano con el que acordó recibir deportados de terceros países.
Estados Unidos y El Salvador actualmente han dejado de aplicar el acuerdo que permite seguir enviando supuestos criminales al CECOT y aún negocian términos de deportación.