La Asamblea Legislativa sumó esta semana un total de 17 préstamos autorizados desde enero de 2025, con un monto total de $1,992 millones, no todos han sido incorporados al presupuesto general del Estado del presente año.

De los 17 préstamos autorizados, el Legislativo ha aprobado o ratificado 13 por $1,585.7 millones.

Uno del BID se destina a “apoyo a la sostenibilidad macroeconómica”, otros dos del Banco Mundial se destinan a sostenibilidad fiscal, y otros dos del CAF pueden ser utilizados para refuerzos presupuestarios.

Los créditos que podría ser destinados a un refuerzo presupuestario para el funcionamiento del Estado suman $900 millones, pero solo uno se ha incorporado mediante reforma al presupuesto 2025 por $250 millones, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Fue el decreto 410 aprobado el 23 de septiembre y vigente desde el 24 de septiembre de 2025.

Dos préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que suman $150 millones son de libre disponibilidad, es decir, pueden ser utilizados para "prioridades estratégicas del gobierno, obligaciones generales del Estado, transferencias varias y eventuales apoyos a la caja fiscal".

Además, un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $500 millones para "Apoyo a la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de El Salvador", autorizado en marzo y ratificado en abril, se suma a este tipo de destinos. Sin embargo, este aún no ha sido incorporado en el presupuesto.

El Ministerio de Hacienda ha sostenido que no ocupa préstamos para gastos corrientes durante 2025 y que prevé la misma práctica en 2026.

De los 17 préstamos autorizados, 13 estarían destinados a programas de inversión de gasto social como desarrollo de la infraestructura de datos de El Salvador, por $60 millones del BID; $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para Surf City fase I; $120 millones del BIRF para mejora de atención de salud en El Salvador; $100 millones de la CAF para modernización del sistema educativo de El Salvador; $71.8 millones del Deutsche Bank para la construcción de una plata de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en La Libertad.

A estos se suman $120 millones para "Financiamiento adicional para el proyecto de transporte e infraestructura resiliente de El Salvador" otorgado por el BIRF, $100 millones del BIRF como opción de desembolso diferido ante catástrofes; $150 millones del BID para trayectorias educativas y su resiliencia al cambio climático; $60 millones del BID para movilidad urbana en el área metropolitana; $30 millones del Fondo OPEP para desarrollo económico, inclusivo y nutricional de las zonas rurales, $70 millones del Fondo OPEP para Surf City fase II; $31.3 millones del FIDA para Surf City fase II; y $65 millones del BCIE para la construcción y la instalación de la cúpula envolvente de la terminal beta del Aeropuerto Internacional del Pacífico.