Con 57 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó este martes por 48 vez el régimen de excepción en El Salvador manteniendo la suspensión de las garantías constitucionales establecidas en el inciso segundo del artículo 12, el inciso segundo del artículo 13 y el artículo 24. El partido Vamos votó en contra y los diputados de Arena se encontraban ausentes.
Con esta prórroga, el estado de excepción cumplirá cuatro años luego de que fuera aprobado el 27 de marzo de 2022, en un inicio también con la restricción del derecho de asociación, que fue restablecido en agosto de 2022.
El primer derecho constitucional es que la persona detenida debe ser informada de sus derechos y razones de detención, que no puede ser obligada a declarar y que se garantiza la asistencia del defensor; el segundo es que la detención administrativa no excederá 72 horas dentro de las cuales debe consigarse a la orden de un juez competente; y el tercero es la inviolabilidad de la correspondencia.
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, dijo recientemente en Europa que solo dos derechos constitucionales están suspendidos.
Para solicitar la prórroga, el gobierno argumentó que ha capturado pandilleros a quienes se les ha decomisado armas de fuego y drogas, que ha detenido a personas vinculadas a extorsiones contra comerciantes y “miembros remanentes” que “intentan aparentar su desvinculación”.
En su solicitud, enviada por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, el Ministerio de Seguridad también menciona que las nuevas tecnologías implementadas han permitido la “intervención oportuna de las acciones de ocultamiento y evasión”.
Así mismo, en los considerandos del decreto, se menciona que hay “persistencia de vínculos transnacionales”, por lo cual consideran necesario prorrogar nuevamente el régimen de excepción.
«Las pandillas están debilitadas pero existen»
En el pleno, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que “las pandillas están debilitadas pero existen”, “no están desaparecidas”. El diputado advirtió que, “cuando una enfermedad regresa, lo hacen con mayor agresividad” y criticó al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) por ausentarse durante las votaciones sobre el régimen de excepción.
El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, citó capturas recientes de supuestos pandilleros. “Son personas retorcidas completamente que ya no tienen ningún tipo de arreglo”, dijo. Leyó que un menor de 17 años de edad fue capturado en colonia Italia, Soyapango, “en posesión de un teléfono celular que lo vincula a la estructura criminal”.
“El régimen de excepción es para los pandilleros. Que restringe creo que dos o tres derechos fundamentales”, dijo.
En El Salvador, los plazos mayores a 72 horas son aplicados también a otros casos como capturados por delitos de conducción peligrosa y a otros detenidos como Ruth López y Enrique Anaya, abogados críticos del Gobierno procesados por enriquecimiento y lavado de dinero, quienes según sus allegados están incomunicados de sus familiares y también abogados.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, aseguró que durante el régimen de excepción se han dado golpes al narcotráfico y se han cumplido 1,140 días sin homicidios desde el inicio del primer periodo de Nayib Bukele el 1 de julio de 2019.
El Ministerio de Seguridad reporta, en la solicitud al Consejo de Ministros, un total de 91,300 personas capturadas, incluyendo cabecillas y sus miembros, durante la aplicación del régimen de excepción; sin embargo, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), la asociación Cristosal y el Movimiento de Víctimas del Régimen cuestiona que, durante la aplicación del régimen de excepción, también ha habido capturas arbitrarias, falta de cumplimiento de órdenes judiciales de libertad por parte de Centros Penales, denuncias de torturas y la muerte de 488 personas detenidas bajo esta medida cuando estaban bajo custodia policial. El vicepresidente Félix Ulloa ha dicho que es necesario «reducir» el margen de error del régimen de excepción y confirmó que se han liberado 8,000 personas que «probaron» que no tenían vinculación con las pandillas.
