La organización Acción Ciudadana (AC) verificó que Comprasal, el sistema electrónico de compras públicas de El Salvador, nuevamente ha puesto al acceso público las contrataciones adjudicadas por las instituciones del Estado, pero considera que la información es incompleta.
Uno de los compromisos del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa en el marco del “Servicio Ampliado del Fondo” (SAF) por $1,400 millones durante 40 meses fue la publicación de los beneficiarios finales de los adjudicatarios de los contratos públicos con la información de los respectivos contratos.
Efectivamente, la AC logró acceder al sitio web de Comprasal creando un usuario con correo electrónico pero señaló que se puede ver únicamente el apartado “Registro de adjudicaciones” con información general de las compras realizadas por las instituciones públicas: información del proceso, la institución, fecha de adjudicación, empresa adjudicada y el monto.
“No aparece el contrato como tal u orden de compra, ni las modificaciones si las hubo. Es una obligación que se ha cumplido de forma incompleta porque no están los documentos de respaldo”, indicó el informe de la AC.
El análisis de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI indica que la información ahora publicada en Comprasal no es “relevante sobre proyectos de infraestructura pública”, sino que son compras de artículos como uniformes del personal, suministros de limpieza, compra de equipos informáticos.
La AC recuerda que anteriormente publicaron otro informe que concluyó que 11 de 23 proyectos emblemáticos fueron declarados bajo reserva total durante el quinquenio anterior.
Comprasal también está publicando los nombres de los beneficiarios finales de la adjudicación respectiva y nacionalidad, otro de los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI.
Sin embargo, según la AC, no es un cumplimiento completo, ya que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene estándares mínimos como: información suficiente para identificar a los beneficiarios finales, medios y mecanismos a través de la propiedad; identidad de la persona como nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, número de identidad; medios y mecanismos a través de las cuales ejercen como beneficiario final.
“Se ha publicado únicamente el nombre del beneficiario final”, indica la organización no gubernamental, pero señala que “la información publicada se queda muy corta ya que solo se indica el nombre de la persona natural”. Un beneficiario final, señala, son las personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente o la persona en cuyo nombre se realiza una transacción.
Según el artículo 10 de la Ley de Compras Públicas, todas las instituciones de la administración pública están obligados a utilizar el sistema electrónico Comprasal, en el cual deben registrar toda la información sobre las contrataciones del Estado; las contrataciones sujetas a la Ley de Compras Públicas fuera del sistema Comprasal son consideradas “infracciones graves”. Además, es responsabilidad “de todos los proveedores del Estado mantener la información actualizada” en el Registro Único de Proveedores del Estado del sistema de Comprasal.
Solo un compromiso cumplido según la AC
El informe de la AC evalúa ocho compromisos del gobierno salvadoreño con el FMI en el marco del SAF, de los cuales dos presentan cumplimiento parcial o de algunos de los indicadores; cinco los considera no cumplidos; y solo uno considera cumplido, así:
1. Compras públicas: cumplimiento parcial.
2. Nuevo marco anticorrupción: no cumplido.
3. Fortalecimiento de la Corte de Cuentas: no cumplido.
4. Lucha contra lavado de dinero y financiación del terrorismo: Ley de prevención de lavado de activos aprobada el 7 de octubre pero falta de legislación sobre beneficiario y propiedad final, ni medidas para fortalecer el rol de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República.
5. Independencia judicial y fortalecimiento del Instituto de Acceso a la Información Pública: no cumplido.
6. Transparencia y responsabilidad fiscal: cumplido.
7. Riesgos y regulaciones sobre criptomonedas: no cumplido.
8. Sistema de pensiones: no cumplido.
