En la década de los años 70, Latinoamérica estuvo marcada por profundos cambios sociales y políticos que influenciaron la música, el arte y la vida cotidiana. Los jóvenes de esa época se mostraban más críticos y participativos, influenciados por movimientos internacionales como la contracultura hippie y la protesta política. La música de protesta cubana y sudamericana llenaba oídos y mentes en un ambiente de descontento generalizado con el status quo.
La creciente urbanización y modernización transformaron hábitos y valores sociales, mientras conflictos internos y cambios económicos generaban una creciente zozobra social en la mayoría de los países. En ese contexto, la historia del Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela se comenzaba a escribir. Provenientes de una familia modesta de Cali, los hermanos se rebelaron contra las limitaciones económicas de su juventud. Gilberto, mensajero de farmacia, junto a su hermano Miguel y José Santacruz Londoño fundaron la banda "Los Chemas", dedicada inicialmente a secuestros, extorsión y piratería terrestre, mientras construían una red de contactos en Cali.
Esta banda creció estrepitosamente en poder e influencia, y en la década de los 80, aprovechando la caída del Cartel de Medellín, se transformaron en la mayor red de tráfico de cocaína de Colombia. Su poder ascendió hasta controlar cerca del 80% de la cocaína destinada a Estados Unidos y el 90% de la que llegaba a Europa.
Los Rodríguez Orejuela no eran un cartel caracterizado por la violencia; su modus operandi se centraba en la corrupción, el soborno y la infiltración en instituciones estatales y campañas políticas. Un caso emblemático fue el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la infiltración del narcotráfico en el sistema democrático colombiano, convirtiéndose en símbolo de cómo el dinero proveniente del narcotráfico podía corromper la política a gran escala.
El presidente Ernesto Samper fue señalado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que llevó a la suspensión de su visa y la de otros altos funcionarios colombianos. Pero el Cartel de Cali no solo infiltró la política nacional, sino también empresas legales y negocios legítimos, principalmente para lavar dinero. Entre estos, las cadenas de farmacias jugaron un papel fundamental, siendo uno de los canales más importantes, si no el principal, para el blanqueo de capitales.
Los hermanos Rodríguez Orejuela transformaron Drogas La Rebaja en una extensa red con más de 872 tiendas distribuidas en toda Colombia. En estos establecimientos, realizaban transacciones comerciales aparentes, reportando ventas superiores a las reales o efectuando compras de insumos y bienes inmuebles con recursos provenientes del narcotráfico. Los ingresos inflados de la droguería se justificaban en la contabilidad, lo que facilitaba la adquisición de propiedades, vehículos y otros negocios, ocultando así el verdadero origen del dinero.
¿Por qué las farmacias y no otros negocios?
El Cartel de Cali eligió cadenas de farmacias en lugar de otros negocios porque estas ofrecían ventajas únicas para el lavado de dinero: un alto volumen de transacciones, presencia masiva en las ciudades, flujo constante de efectivo y una apariencia respetable que facilitaba ocultar fondos ilícitos entre operaciones legítimas. Otros negocios, como restaurantes o tiendas minoristas, no generan el mismo volumen ni tipo de transacciones continuas, ni gozan del mismo nivel de confianza pública que una farmacia.
Además, las farmacias suelen estar sujetas a menos controles regulatorios sobre grandes cantidades de efectivo en comparación con bancos y entidades financieras. Esta combinación de confianza social, alta rotación de efectivo y capacidad de expansión hizo que las cadenas de farmacias fueran el vehículo ideal para el lavado de capitales del Cartel de Cali, por encima de otros modelos comerciales.
¿Qué lecciones prácticas brinda esta experiencia colombiana para la gestión de farmacias públicas y el sector salud en general?
El caso del Cartel de Cali, especialmente en relación con la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, deja varias lecciones importantes para la gestión de farmacias públicas. En primer lugar, evidencia la necesidad de implementar sistemas robustos de transparencia para evitar que estructuras empresariales legítimas sean usadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero. El Estado debe establecer auditorías continuas y controles financieros estrictos para prevenir la infiltración de recursos ilegales en el sector salud. Además, esta experiencia revela los riesgos asociados a la persistencia de estructuras familiares o vínculos previos con el narcotráfico, por lo que se recomienda mantener una vigilancia constante para impedir que antiguos actores o redes ilícitas retornen o mantengan influencia indebida.
En conclusión, la gestión pública de farmacias debe priorizar la transparencia, la gobernanza sólida y la supervisión rigurosa para garantizar la integridad y el bienestar del sistema de salud.
*Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional
