Hace unos días leí una publicación en Facebook que abordaba las razones por las cuales en El Salvador se percibe un crecimiento sustancial en la construcción de obras públicas. El post provenía de una cuenta llamada “Badabun” y afirmaba que la aparente abundancia de recursos se debía a tres factores principales: primero, que el gobierno ya no roba dinero; segundo, que el país está mejor administrado (se gasta menos en políticos y más en obras, reduciendo el gasto en publicidad y viajes); y tercero, que El Salvador produce más (gracias al aumento del turismo, la inversión y la confianza).
Sin embargo, estas tres afirmaciones no están respaldadas por reportes o estudios serios e independientes; de hecho, gran parte de la información relacionada con dichas variables no está disponible en fuentes gubernamentales. Aun así, me llamó la atención la variable relacionada con el gasto en políticos, por lo que decidí investigar más al respecto.
En general la información colectada sobre si el presente gobierno ha optimizado la administración de los fondos del estado, tiende a focalizarse en dos áreas: seguridad publica y crimen, y administración fiscal y económica. En ambas áreas, se observa un impacto sólido, cuando se compara con gobiernos anteriores. Todos sentimos y percibimos una profunda mejoría en la seguridad de nuestro país, aun y a pesar en ciertas limitaciones en nuestras libertades democráticas y derechos humanos. Así también, El Salvador ha mejorado su eficiencia administrativa en materia fiscal, reflejado en un aumento de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB, atribuible a una mejor recaudación y mayor actividad económica respecto a años previos.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en su reporte “Análisis del gasto por áreas de gestión del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales 2025”, el gasto del Gobierno de El Salvador en el rubro de “conducción administrativa” —que comprende los recursos asignados al Órgano Legislativo, la Presidencia, los ministerios y los organismos de control— se estima en 666.9 millones de dólares para el año 2025.
Dentro de este monto, la Asamblea Legislativa y sus diputados cuentan con una asignación de $46.9 millones; la Presidencia de la República, $103.5 millones; la Corte de Cuentas, $50.4 millones; el Tribunal Supremo Electoral, $8.3 millones; y el Ramo de Hacienda, $92 millones.
En conjunto, el gasto destinado a la conducción administrativa representa aproximadamente el 6.9% del gasto público total y cerca del 1.8% del PIB nacional.
¿Cómo se compara este gasto público del gobierno actual con gobiernos anteriores?
Según documentos del actual gobierno, la brecha presupuestaria durante la administración de Bukele ha venido reduciéndose de manera gradual. Durante 2019, esta brecha ascendía a 1,200 millones de dólares, disminuyendo a 645 millones en 2020 y a 496 millones en 2022. En 2023, la brecha se redujo a 472 millones, en 2024 a 338 millones, y finalmente se cerró a cero dólares para el presupuesto de 2025. Aunque el gasto en políticos se ha mantenido estable entre 6% y 7% del presupuesto total en el periodo 2015-2025, Bukele ha logrado eliminar la brecha presupuestaria en 2025, en contraste con los gobiernos anteriores que tenían brechas fiscales mucho mayores y dependían más de financiamiento externo. Esto refleja una gestión más austera y eficiente del gasto público, con énfasis en la autofinanciación y control fiscal, marcando un cambio significativo respecto a administraciones previas.
¿Como se compara el gasto en políticos en el salvador con otros países de Centroamérica?
El gasto administrativo en Costa Rica es proporcionalmente menor respecto a su PIB que en El Salvador debido a un presupuesto mucho más amplio, pero con fuerte enfoque social. En Guatemala, el gasto en administración política, incluyendo legislativo y ejecutivo, es un porcentaje similar o ligeramente inferior comparado con El Salvador, aunque el presupuesto general es más elevado y mayor proporción se destina a pensiones y programas sociales. Aunque no pudimos encontrar información especifica para Honduras y Nicaragua, estos países generalmente destinan una porción del presupuesto a administración política y gasto público similar o algo mayor que El Salvador, pero con menor eficiencia y control fiscal reportado internacionalmente.
El análisis del gasto público en El Salvador revela que, aunque existen percepciones populares sobre una mejor administración y gasto eficiente del gobierno actual, la realidad es más compleja. Si bien el gobierno de Bukele ha logrado reducir significativamente la brecha presupuestaria y mejorar la eficiencia en áreas clave como seguridad y administración fiscal, el gasto en políticos se ha mantenido estable en torno al 6.9% del presupuesto total. Comparado con gobiernos anteriores, la administración actual ha cerrado la brecha presupuestaria a cero y ha logrado un mayor control fiscal, sin embargo, el aumento de la deuda pública y ciertas prácticas aún generan debates sobre la sostenibilidad y transparencia de esta gestión. En el contexto regional, El Salvador muestra un gasto político proporcionalmente mayor que Costa Rica, similar a Guatemala, pero con retos en eficiencia y controles. Por tanto, aunque hay avances reales, la percepción de que se gasta mucho menos en políticos y más en obra pública debe matizarse con datos y análisis objetivos para entender plenamente la complejidad del gasto público en el país.
Esto invita a una reflexión sobre la necesidad de transparencia y contrapesos democráticos para garantizar una administración pública equilibrada y sostenible a largo plazo.
* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.
