La productividad de los pobres es uno de los temas más relevantes para el quehacer económico contemporáneo, pues constituye un eje central en la búsqueda de un crecimiento más inclusivo y sostenible. Mejorar la productividad de los sectores de bajos ingresos no solo tiene efectos directos sobre la reducción de la pobreza, sino que también impulsa la expansión de la demanda interna, fortalece la base tributaria y dinamiza el desarrollo económico en su conjunto. En economías como la salvadoreña, donde cerca de dos terceras partes del empleo y casi la mitad de la producción nacional provienen del sector de las micro y pequeñas empresas (MYPE), elevar su productividad equivale a echar combustible al motor principal del progreso nacional.
En el Informe Nacional del Estado de la MYPE 2025, publicado la semana pasada, propusimos una de las vías más prometedoras para avanzar en este objetivo: la digitalización, entendida como la adopción de herramientas tecnológicas en el quehacer productivo de los empresarios. No se trata simplemente de conectarse a internet o abrir una página en redes sociales, sino de integrar la tecnología en los procesos de producción, administración, gestión financiera y toma de decisiones. Es la segunda ocasión en que abordamos este tema, luego de haberlo planteado por primera vez en el Informe Nacional de la MYPE 2023, donde ya señalábamos que la digitalización podía convertirse en una herramienta decisiva para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del sector.
Los resultados del nuevo estudio muestran que persisten brechas estructurales. Si bien más del 82 % de las MYPE cuenta con conexión a internet, el desafío radica ahora en el tipo y la calidad de dicha conexión. Según el informe, más de la mitad de los empresarios MYPE (51.8 %) dependen principalmente de datos móviles, mientras solo el 41 % dispone de banda ancha fija (Wi-Fi). Este hallazgo es clave: el acceso por datos móviles —aunque útil para la comunicación y las ventas— limita el uso de herramientas más sofisticadas que requieren estabilidad, velocidad y capacidad de transmisión de datos, como los sistemas de gestión, el control de inventarios o la contabilidad en línea.
También se detectó que las MYPE con menores niveles de ventas son menos propensas a contar con conexión de banda fija: apenas el 35.2 % de los negocios con ventas inferiores a 1 500 dólares mensuales dispone de Wi-Fi, mientras que entre las pequeñas empresas con ingresos superiores a 15 000 dólares la proporción asciende al 65.6 %. Estas diferencias reflejan que la brecha digital no es solo tecnológica, sino también económica: las empresas más vulnerables operan con conexiones más precarias, lo que reduce su capacidad de incorporar la tecnología en sus procesos productivos.
El estudio también revela que las MYPE salvadoreñas, en general, no utilizan la tecnología en sus actividades internas y que, cuando lo hacen, su uso se concentra en la comercialización de productos o servicios, no en la gestión interna. En promedio, el 50.7 % de las MYPE no emplea ninguna herramienta digital en sus operaciones, aunque este porcentaje disminuye al 18.3 % entre las pequeñas empresas. Solo entre un 7 % y un 12 % de los negocios manifestó usar tecnología para manejar inventarios, llevar la contabilidad o pagar planillas. En contraste, el 36.6 % de las MYPE afirmó utilizar herramientas digitales para coordinar entregas de bienes o servicios, proporción que se eleva al 52.7 % entre las pequeñas empresas.
Las MYPE representan el 99.6 % del parque empresarial nacional, y las brechas identificadas son de tal magnitud que evidencian la necesidad de una intervención estatal decidida para dinamizar la economía desde su base. Hacerlo no solo sacaría de la pobreza a miles de familias, sino que también permitiría al propio Estado recaudar más impuestos, conforme los negocios crezcan y se formalicen.
El Informe Nacional del Estado de la MYPE 2025 retoma la voz de miles de micro y pequeños empresarios salvadoreños no solo para dimensionar las carencias, sino para proponer soluciones viables. Dado que existen múltiples herramientas digitales gratuitas con alto potencial para mejorar la productividad —desde sistemas de gestión hasta plataformas de capacitación o marketing—, el reto es diseñar políticas públicas que incentiven y acompañen su adopción activa.
Llevar a cabo esta transformación no solo es factible, sino urgente. La política económica que ve a los pobres como meros receptores de subsidios ha demostrado ser un fracaso. De acuerdo con las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional, la economía salvadoreña apenas crecerá un 2.5 % en 2025, lo que significa que, por decimonoveno año consecutivo (exceptuando el efecto rebote tras la pandemia), la tasa de crecimiento del PIB no superará el 4 %. Una vez más, creceremos menos que todos nuestros vecinos centroamericanos.
El país no puede seguir resignándose a un modelo de bajo crecimiento y mantenimiento de la subsistencia y la pobreza. La digitalización no es un lujo: es una condición para transformar la rebusca en progreso, y una oportunidad para que los pobres pasen a ser protagonistas del desarrollo económico nacional.
*Gabriel Pleités, Ph.D. en economía por la Universidad de Utah.
