Los afectados de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R.L. (Cosavi) entregaron dos escritos este martes, uno a la Fiscalía General de la República y otro al juez Sexto contra el Crimen Organizado, donde cuestionan si los casi dos años de intervención de la institución financiera aún no son suficientes para recabar información para la investigación del desfalco.
El vocero de los afectados de Cosavi, Juan José Ortiz, explicó que el 1 de marzo se cumplen dos años desde que la Fiscalía le solicitó al mencionado juez una autorización para intervenir la cooperativa.
«El escrito básicamente lo que pretende es preguntarle al juez y a la Fiscalía General de la República, ¿cuánto tiempo más necesitan mantener secuestrado Cosavi para sustraer la información que les pueda servir en el juicio penal? El sentido común dice que es válido que una institución esté secuestrada tres meses o a lo mejor por lo complejo del caso Cosavi, que pueda estar secuestrada seis meses, pero ya llevamos dos años», cuestionó Ortiz a la prensa este martes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.
Ortiz indicó que el juez debe resolver si el tiempo pertinente ya pasó, y si es así, proceder a liberar la cooperativa.
Nueva junta directiva
El vocero señaló que dentro de los afectados de Cosavi hay personas expertas en finanzas que puede hacerse cargo de manejar la cooperativa, ante lo que ello señalan, es una mala gestión de parte de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Por ello, indican que si el juez decide liberar la cooperativa, propondrán nombrar una nueva junta directiva, para que la cooperativa siga funcionando y entregar el dinero a los socios que aún no reciben su dinero.
En la ruta que los afectados de Cosavi se han marcado, al entregarles la cooperativa, la Superintendencia del Sistema Financiero debería entregar una auditoría con el detalle de la entrega de fondos y corroborar que el dato del 86 % de entrega de fondos a los socios.
«La idea de recuperar la cooperativa es que funcione como funcionaba hasta el anuncio del desfalco. Aquellas personas que adquirieron compromiso, Particularmente instituciones de gobierno, como las alcaldías y otras instituciones de gobierno que sabemos que le han prestado dinero a Cosavi, deben de pagar esos compromisos. Al día de hoy no sabemos si esas instituciones están pagando».
Juan José Ortiz, afectado de Cosavi.
La Fiscalía General de la República informó en mayo de 2024 que estaban procesando judicialmente a 32 personas, entre ellos ocho directivos de Cosavi, de R.L. por los delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. El fraude asciende a $35 millones; sin embargo, la captura del exgerente de Cosavi, Manuel Alberto Coto Barrientos, por autoridades hondureñas, terminó en una tragedia en donde también falleció el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas y otros dos altos mandos de la PNC de El Salvador.
La devolución del dinero a los socios a Cosavi va por la capa de los $70,000 anunciada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en octubre y habilitada desde el 1 de noviembre en la agencia de la calle Gabriela Mistral de San Salvador.
El pasado miércoles, la junta directiva de los afectados del fraude de Cosavi presentaron una carta a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador para solicitar una audiencia, debido a que entre ellos hay ciudadanos estadounidenses.
El presidente de la junta directiva de los afectados, Juan José Ortiz, explicó que durante las dos recientes semanas fallecieron tres personas afectadas del fraude más, totalizando 11 personas fallecidas que eran afectadas del fraude: una doctora en medicina de 69 años, la madre de un socio de Cosavi y Donaldo Turcios, quien falleció de insuficiencia renal.
