El Tribunal Supremo de España abrió este martes un juicio oral sin precedentes contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos en el marco de una filtración vinculada al proceso fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del opositor Partido Popular.
El juez Ángel Hurtado dictó un auto firme, no sujeto a recurso, en el que dio diez días a la defensa de García Ortiz para presentar su escrito frente a las acusaciones. Estas solicitan cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales que eleva la petición a seis años. No obstante, el magistrado rechazó suspender cautelarmente al fiscal general de sus funciones.
Hurtado también fijó una fianza de 150 mil euros —equivalentes a $166 mil — para cubrir responsabilidades pecuniarias, advirtiendo que en caso de no prestarla en un plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes. La Sala de lo Penal deberá ahora señalar la fecha del juicio, que, según fuentes jurídicas citadas por EFE, podría celebrarse en noviembre con un tribunal conformado por siete magistrados.
El auto señala que el fiscal general habría “indiciariamente revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo”. La investigación apunta a la supuesta filtración de un correo electrónico remitido en febrero pasado por el abogado de González Amador, en el que reconocía delitos fiscales y proponía un acuerdo para evitar prisión. García Ortiz ha rechazado en todo momento su implicación y asegura ser inocente.
La decisión del Supremo ha intensificado la confrontación política en España. Desde el Gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría reiteró su respaldo al fiscal general, subrayando que “ha defendido la verdad” y “perseguido el delito”, aunque expresó “máximo respeto” a la decisión judicial. En contraste, el Partido Popular exigió su dimisión inmediata por motivos “éticos y morales”.
La tensión entre el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez y la oposición conservadora se evidenció en la reciente apertura del año judicial, marcada por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, un gesto interpretado como señal de protesta en medio de este escándalo sin precedentes.
