Una jueza federal de EE.UU. dictaminó este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede volver a arrestar al salvadoreño Kilmar Abrego García, porque expiró el período de detención de 90 días y el Ejecutivo no tiene un plan viable para deportarlo.
Con el dictamen, la jueza de distrito, Paula Xinis, extendió un fallo a favor de Ábrego García que ha vivido un verdadero periplo desde que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lo deportó por error a una prisión de máxima seguridad en su país natal en marzo del año pasado.
Xinis advirtió en su orden de hoy que ICE «hacía amenazas vacías una tras otra» de expulsar al inmigrante salvadoreño a países africanos «sin ninguna posibilidad real de éxito», por lo que no hay “buenas razones para creer” que la expulsión sea probable en un futuro previsible.
El Gobierno de Trump había presionado a Ábrego García a aceptar una deportación a Costa Rica o sería enviado a un país africano, como parte de su ofensiva de deportación.
En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí corría peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. Sin embargo, fue expulsado el año pasado —por error, según admitió el Gobierno de Donald Trump— junto a decenas de migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad.
Ante la presión pública y una orden judicial, la Administración Trump lo trajo de vuelta en junio, pero solo después de obtener una acusación formal por tráfico de personas en Tennessee. Se declaró inocente.
Mientras tanto, funcionarios de Trump declararon que no puede permanecer en Estados Unidos. En documentos judiciales, señalaron que tienen la intención de enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana o Liberia.
Los abogados de Ábrego García habían solicitado una orden de restricción temporal para impedir que el ICE lo volviera a detener, obteniendo este martes una victoria.
Ábrego García fue liberado en diciembre pasado debido a una orden de la propia Xinis que estableció que había sido detenido «sin autoridad legal», en parte porque no se había emitido para él una orden formal de deportación en 2019.
Sin embargo, un juez de inmigración emitió después de su liberación, que fue bloqueada temporalmente por la jueza Xinis.
Se espera que el Ejecutivo estadounidense apele la orden de la jueza.
