La campaña electoral en Honduras comenzó oficialmente el lunes con cinco partidos en contienda, aunque tres concentran el mayor respaldo popular: Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, de izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos de línea conservadora.
De los diez millones de habitantes, más de seis millones están habilitados para elegir presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano. Los otros aspirantes presidenciales son Nélson Ávila, del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, y Mario Rivera, del Partido Demócrata Cristiano.
El proceso electoral tendrá un coste de 4,000 millones de lempiras ($152 millones), financiados con impuestos de la ciudadanía, de los cuales más del 60 % vive en condiciones de pobreza. Pese a ello, la campaña ha estado dominada hasta ahora por ataques e insultos, lo que ha generado llamados de diversos sectores a enfocarse en propuestas.
“El pueblo hondureño sigue creyendo en el proceso electoral. Ocho de cada diez aseguran que irán a votar, pese a la polarización”, afirmó a EFE Joaquín Mejía, analista y defensor de derechos humanos.
La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, pidió una campaña “de altura”, mientras el sector privado exigió a los candidatos propuestas en educación, salud e inversión. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez también exhortó a rechazar mensajes de odio durante la campaña.
El proceso, sin embargo, enfrenta tensiones internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado por representantes de los tres partidos mayoritarios. La presidenta consejera, Cossette López, alertó en julio que los comicios estaban en “grave riesgo” por divisiones internas y denunció intentos de intimidación. Otra consejera, Ana Paola Hall, incluso denunció amenazas de muerte contra ella y su familia.
Las elecciones generales del 30 de noviembre pondrán a prueba la capacidad de los candidatos para plantear soluciones a los problemas sociales y económicos del país, en un escenario donde la institucionalidad electoral busca recuperar la confianza ciudadana.
