El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.
La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.
La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.
Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.
Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.
El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.
La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.
Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.
