Varias comunidades indígenas de los departamentos (provincias) de Sololá y Totonicapán, en el oeste de Guatemala, aseguraron este jueves que suspenderán las celebraciones de la Independencia del país centroamericano, que se llevan a cabo cada 15 de septiembre, en rechazo a la criminalización de sus líderes.
La decisión fue anunciada en un comunicado por la Alcaldía Indígena de Sololá y las 84 comunidades del mismo departamento, adoptada el pasado 1 de septiembre tras una reunión entre alcaldes comunitarios, líderes indígenas e integrantes de los Centros Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).
"El 15 de septiembre es solo una fachada", señaló a medios locales Simión Palax, actual líder de la Alcaldía Indígena de Sololá, al informar sobre la decisión de la asamblea comunitaria.
La medida es en rechazo a la detención del líder indígena Esteban Toc, alcalde del lugar en 2023, quien fue detenido el 28 de agosto por el Ministerio Público (Fiscalía), acusado de terrorismo por participar en las manifestaciones de 2023 que defendieron los resultados de las elecciones de dicho año.
"¿De qué libertad hablamos si no estamos libres?", se preguntó Palax, en referencia a los valores de la independencia que celebra Guatemala cada 15 de septiembre desde hace 204 años y que en su opinión no aplican a los pueblos originarios indígenas.
Como parte de la decisión, los edificios de la Gobernación Departamental y de la Municipalidad de Sololá amanecieron con banderas negras izadas que muestran el rostro de Toc.
La protesta también fue secundada por 14 comunidades del departamento de Totonicapán, ya que dos de sus líderes, el viceministro de Energía y Minas Luis Pacheco y Chaclán, también están en prisión bajo la misma acusación desde el 23 de abril.
Los indígenas capturados son considerados por analistas como "presos políticos" por la persecución en su contra por parte del Ministerio Público, al igual que el periodista José Rubén Zamora Marroquín y el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.
La cúpula del Ministerio Público, comandada por la fiscal general Porras y su secretario general, Ángel Pineda, se encuentra sancionada bajo señalamientos de corrupción por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que incluyen denuncias por los presuntos intentos de derribar los resultados presidenciales de 2023.
