Los abogados del salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de tráfico de personas en Tennessee, solicitarán este jueves a un juez federal que anule el proceso penal en su contra al considerar que se trata de una acusación “vindicativa” impulsada como represalia. La audiencia se celebra en una corte federal en Nashville.
Ábrego García fue acusado tras una detención vehicular ocurrida en 2022 en Cookeville. Sin embargo, su caso cobró notoriedad internacional el año pasado, cuando fue deportado por error a El Salvador en marzo, pese a existir una orden judicial de 2019 que prohíbe su expulsión hacia ese país debido al riesgo que enfrentaría por amenazas de pandillas contra su familia.
El salvadoreño, de 30 años, ingresó irregularmente a Estados Unidos cuando era adolescente y durante años residió y trabajó en Maryland bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras su deportación, el Tribunal Supremo ordenó que la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trabajara para traerlo de regreso. Una vez retornó al país, enfrentó cargos criminales vinculados a la detención de 2022, de los cuales se declaró no culpable.
Imágenes de la cámara corporal de un agente de la Patrulla de Carreteras de Tennessee muestran un intercambio tranquilo durante la parada por exceso de velocidad. En el vehículo viajaban nueve pasajeros y los agentes discutieron entre ellos sospechas de tráfico de personas, pero finalmente permitieron que continuara su camino con una advertencia.
El juez federal Waverly Crenshaw consideró previamente que existen indicios de que la acusación “puede ser vindicativa” y señaló que declaraciones de funcionarios de la Administración Trump “generan preocupación”.
En una orden desclasificada en diciembre, el juez escribió: “Algunos de los documentos sugieren no sólo que McGuire no tomaba decisiones en solitario, sino que, de hecho, informaba a otros en el Departamento de Justicia y la decisión de procesar a Ábrego puede haber sido una decisión conjunta”.
La defensa y la Fiscalía han mantenido disputas sobre la posible comparancia de altos funcionarios del Departamento de Justicia y la entrega de correos electrónicos internos. Mientras la Fiscalía sostiene que la decisión fue independiente, la defensa insiste en que el proceso busca castigar a Ábrego García por haber ganado su caso de deportación indebida.
El pasado 17 de febrero, una jueza federal dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede volver a arrestar a Ábrego García, porque expiró el período de detención de 90 días y el Ejecutivo no tiene un plan viable para deportarlo.
