El anuncio del Acuerdo de Comercio Recíproco entre El Salvador y Estados Unidos ha sido recibido con optimismo por el Gobierno y la empresa privada. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, lo presenta como una puerta abierta a la inversión privada y como un alivio inmediato para las exportaciones salvadoreñas, especialmente tras la eliminación del arancel base del 10 % que pesaba sobre una parte importante de los productos nacionales. En el corto plazo, el beneficio es claro; en el largo, el debate apenas comienza.

No cabe duda de que la eliminación del arancel representa un respiro para sectores clave como el textil, el café y la manufactura. En un contexto de desaceleración económica global y competencia regional feroz, reducir costos de acceso al principal mercado de exportación del país es una ventaja tangible. Para empresas que operan con márgenes estrechos, ese 10 % puede significar la diferencia entre sostener empleos o reducir operaciones.

Sin embargo, el verdadero alcance del acuerdo va más allá del comercio. El documento publicado por el gobierno estadounidense deja claro que se trata también de un marco para promover la inversión, particularmente en sectores estratégicos como minería, energía, telecomunicaciones e infraestructura. Ahí es donde surgen las preguntas legítimas. Facilitar la entrada de capital extranjero puede impulsar crecimiento y modernización, pero también exige reglas claras, transparencia y salvaguardas que protejan el interés nacional.

El acuerdo con Estados Unidos puede ser una oportunidad real para dinamizar exportaciones y atraer inversión.