La muerte de un capo no es, por sí sola, una victoria. Puede ser un golpe táctico, incluso simbólico, pero rara vez constituye una solución estratégica. Los disturbios, bloqueos y ataques que siguieron al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes vuelven a recordarnos una verdad incómoda: el narcotráfico ya no es únicamente un problema criminal; es un fenómeno con capacidad de desestabilización social, económica y política.

Durante años, el discurso público mexicano ha oscilado entre triunfalismos prematuros y fatalismos paralizantes. Cada captura o abatimiento de alto perfil suele presentarse como un punto de inflexión histórico. Sin embargo, la experiencia demuestra que las organizaciones criminales modernas no dependen de una sola figura. Funcionan como estructuras empresariales: diversificadas, descentralizadas, resilientes. Cuando cae un líder, el sistema no colapsa; se reconfigura.

El episodio reciente ilustra algo aún más preocupante. La reacción violenta —quema de vehículos, ataques a infraestructura, paralización del transporte, siembra de terror— no es simplemente una respuesta emocional de una organización herida. Es una demostración deliberada de poder. Es el mensaje implícito de que ciertos grupos poseen la capacidad de alterar la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Y ese mensaje erosiona uno de los pilares fundamentales del Estado: el monopolio legítimo de la fuerza.

México enfrenta aquí una paradoja compleja. La acción del Estado contra figuras clave es necesaria; la inacción sería impensable. Pero si cada golpe genera episodios masivos de violencia, el costo social inmediato puede ser devastador. La ciudadanía queda atrapada entre dos fuegos: el de la criminalidad organizada y el de una confrontación que no siempre logra traducirse en mayor seguridad.

Más allá de México, el impacto es regional. El narcotráfico opera como una red transnacional que conecta producción, rutas, lavado de dinero, tráfico de armas y mercados de consumo. La violencia no reconoce fronteras administrativas. Las economías ilícitas infiltran instituciones, distorsionan mercados laborales y corrompen sistemas políticos en toda América Latina. Lo que ocurre en un estado mexicano reverbera en El Salvador, en Centroamérica, en el Caribe, en los Andes y, por supuesto, en Norteamérica.

Conviene también cuestionar una narrativa recurrente: la idea de que la eliminación de capos equivale a debilitar estructuralmente al narcotráfico. La demanda global de drogas, los flujos financieros ilícitos y la desigualdad persistente crean incentivos constantes para que nuevas figuras ocupen el vacío. Mientras el negocio siga siendo extraordinariamente rentable, la oferta de liderazgo criminal será prácticamente inagotable.

El problema, por tanto, no puede reducirse a operaciones militares o policiales. Requiere políticas integrales que combinen seguridad, inteligencia financiera, fortalecimiento institucional, reducción de impunidad, desarrollo económico local y prevención social. Requiere también cooperación internacional genuina, no solo en materia de persecución, sino en la reducción de la demanda y el control del tráfico de armas y capitales ilícitos.

El narcotráfico ha demostrado una alarmante capacidad de adaptación: utiliza tecnología avanzada, drones, redes logísticas sofisticadas, estrategias de comunicación y modelos de negocio que imitan prácticas corporativas. Combatirlo exige Estados igualmente modernos, coordinados y estratégicos. No basta con la fuerza; se necesita inteligencia, consistencia y visión de largo plazo.

La verdadera pregunta no es quién sucederá a un cabecilla caído. La pregunta es si las instituciones estatales pueden recuperar plenamente el control del territorio, la economía y la narrativa pública. Si la sociedad puede dejar de normalizar la violencia como ruido de fondo. Si el Estado puede demostrar que los golpes al crimen organizado no solo son espectaculares, sino sostenibles.

Porque la victoria real no será la caída de un nombre. Será el día en que un operativo de alto impacto no paralice ciudades, no cierre escuelas, no obligue a la población a resguardarse. Será el día en que la ley deje de disputar autoridad con el miedo.